En un nuevo intento por proyectar una falsa normalidad a nivel internacional y desviar la atención de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua promueve actividades oficiales utilizando a figuras públicas cuestionadas, mientras persiste la impunidad ante los crímenes cometidos en contra de las comunidades originarias de la Costa Caribe.
Así lo ha denunciado la defensora de derechos humanos e investigadora indígena exiliada, Anexa Alfred, tras la reciente participación de Mirna Cunningham —una operadora política aliada al partido de gobierno— en foros que buscan “lavar la cara” de una dictadura señalada a nivel global por cometer crímenes de lesa humanidad.
Una política de despojo y violencia impune
De acuerdo con las denuncias de diversas organizaciones aliadas y los informes recopilados por organismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Costa Caribe de Nicaragua atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes de la que el Estado es cómplice activo.
Los principales patrones de violencia identificados en los territorios autónomos incluyen:
- Invasión armada de “colonos”: Grupos armados ocupan ilegalmente tierras ancestrales con la aquiescencia del Estado, desplazando a comunidades enteras y destruyendo sus medios de subsistencia tradicionales.
- Persecución y criminalización: Defensores de derechos humanos, autoridades tradicionales legítimas, líderes comunitarios y guardabosques indígenas son objeto de constantes amenazas, detenciones arbitrarias o asesinatos directos por oponerse al despojo territorial.
- Gobiernos paralelos: El desmantelamiento de la autonomía regional mediante la imposición de autoridades afines al sandinismo para facilitar concesiones y megaproyectos extractivistas, sin realizar procesos de consulta libre, previa e informada.
Solidaridad con las mujeres y defensoras del territorio
Para AMDES, la situación de las mujeres, infancias y personas defensoras de la Costa Caribe nicaragüense resulta alarmante. El desplazamiento forzado, la falta de seguridad alimentaria provocada por la pérdida de sus cultivos y la violencia sexual utilizada como arma de intimidación por parte de invasores mestizos forman parte del “etnocidio” silencioso que se vive en la región y que el régimen intenta ocultar.
Hacemos eco del llamado de las organizaciones y activistas nicaragüenses en el exilio: la comunidad internacional no debe dejarse engañar por las misiones oficiales que intentan normalizar la dictadura. Exigimos el cese inmediato del hostigamiento a los pueblos originarios, el debido saneamiento de los territorios indígenas y justicia real para todas las víctimas de la represión en el país vecino.