A la comunidad nacional e internacional, organismos del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, y a la opinión pública:
Nosotros, líderes naturales, autoridades tradicionales, mujeres, jóvenes y habitantes de los territorios ancestrales de la Nación Mayangna —específicamente de los territorios Sauni As[1], Sauni Bas y Sauni Arungka comparecemos de manera conjunta para emitir la presente DENUNCIA ante la comunidad internacional. Denunciamos una estrategia de Estado orientada a la desarticulación de nuestra autonomía, el despojo de nuestras tierras y el exterminio material y cultural de nuestros pueblos, ejecutada a través de las siguientes acciones críticas:
I. CONTEXTO CRÍTICO: LA NO IMPLEMENTACION DEL “SANEAMIENTO” (LEY 445) Y LA PRACTICA EXTRACTIVISTA PLANIFICADO.
Nicaragua posee formalmente un marco jurídico de avanzada: la Ley No. 445 (Ley de Régimen de Propiedad Comunal). Si bien el Estado cumplió inicialmente con la delimitación y titulación formal de gran parte de la Reserva de Biósfera Bosawás a favor de los pueblos Mayangna y Miskitu, ha paralizado deliberadamente la quinta y última etapa legal: el Saneamiento.
El estancamiento del saneamiento no es una omisión administrativa; es una decisión política. Al negarse a definir la situación jurídica de los terceros no indígenas (“colonos”) y omitir su desalojo o reubicación, el Estado reduce nuestros títulos de propiedad comunal a meros papeles simbólicos. Esta desprotección legal deliberada fomenta un escenario de impunidad propicio para la invasión y despojo de nuestras tierras ancestrales.
II. RELACIÓN DE LOS HECHOS Y MECANISMOS DE VIOLACIÓN
1. Imposición de Autoridades Paralelas y Fractura de la Gobernanza Endógena
Para operar el saqueo de recursos sin la resistencia de los legítimos defensores del territorio, el Estado de Nicaragua ejecuta un plan de injerencia política. Ante la imposibilidad de doblegar a las autoridades tradicionales, el régimen fabrica, financia y reconoce oficialmente a “autoridades paralelas” y estructuras serviles alineadas con los intereses del partido de gobierno. Estas estructuras ilegítimas usurpan funciones comunitarias, firman avales espurios y falsifican el consentimiento indígena para autorizar la explotación minera, forestal y ganadera, violando flagrantemente el derecho humano a la Consulta Libre, Previa e Informada.
Recientemente, con fecha de 6 y 8 de junio en curso operadores políticos, traficantes de colonos mestizo han realizado reuniones manipulados a lo que según a criterio de ellos llaman asambleas territoriales imponiendo nuevamente otras estructuras sin convocar consulta ni justificación formal a las comunidades y lideres la destitución o cambios de directivos.[2]
2. Permisividad Estatal ante la Frontera Agrícola y el “Blanqueo” Ganadero de Exportación
La invasión de la zona núcleo de Bosawás no responde a un fenómeno de migración por subsistencia. Detrás opera una red de delincuencia organizada vinculada al tráfico de tierras, la minería ilegal y la ganadería extensiva de exportación.
El gobierno mantiene una postura de absoluta permisividad ante el despale masivo de áreas protegidas debido al impacto de la industria cárnica y láctea en el PIB nacional. Existe una total ausencia de trazabilidad en la cadena de suministro: el ganado criado ilegalmente dentro de los territorios Mayangna y Miskutus es “blanqueado” e introducido en el circuito comercial formal y en mataderos industriales. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) actúa como cómplice por omisión, al no implementar sistemas estrictos de control fitosanitario y de origen que detengan la comercialización de carne manchada de sangre indígena.
3. Impunidad Estructural ante la Violencia y el Desplazamiento Forzado
Nuestra exigencia de derechos territoriales se paga con la vida. Los líderes, comunitarios y guardabosques indígenas sufren ataques armados sistemáticos, secuestros, quema de aldeas enteras y asesinatos a manos de bandas de colonos fuertemente armadas.
Frente a esta crisis humanitaria, la respuesta del Estado es la impunidad jurídica. Las denuncias interpuestas sucumben en el sistema judicial. Las intervenciones de la Policía Nacional y del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua son esporádicas y superficiales; actúan como mecanismos de contención temporal y no de aplicación de la ley, dejando a las comunidades en la indefensión absoluta frente a grupos que portan armamento de uso militar.
4. Debilidad Institucional Crónica y Corrupción Local
El Estado nicaragüense incurre en una profunda contradicción ética y política. En foros internacionales (como el programa MaB de la UNESCO y los mercados de bonos de carbono), instrumentaliza el discurso ambientalista de Bosawás para captar fondos externos.
Sin embargo, en la práctica, asigna presupuestos ridículos para su protección, obligando a los comunitarios a ejercer tareas de guardabosques sin recursos ni seguridad. Paralelamente, operadores políticos locales y gobiernos municipales corruptos extienden constancias de posesión e incluso títulos supletorios ilegales dentro de la reserva a cambio de prebendas económicas y políticas, saboteando directamente la legislación nacional.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Las acciones y omisiones descritas constituyen una violación directa de los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por el Estado de Nicaragua, destacando:
- La Constitución Política de la República de Nicaragua: Que garantiza el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad comunal y el respeto a las formas propias de organización.
- La Ley No. 445 de Régimen de Propiedad Comunal: Que mandata de forma expresa el respeto a las autoridades tradicionales y el proceso obligatorio de saneamiento.
- El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Que obliga a los Estados a respetar el derecho a la libre determinación y a la Consulta Previa, Libre e Informada.
- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
IV. EXIGENCIAS Y SOLICITUDES URGENTES
Ante la gravedad del etnocidio en desarrollo, la Nación Mayangna EXIGE:
- Cese Inmediato de la Injerencia y Nulidad de Actos: Exigimos el cese inmediato de las funciones de las autoridades paralelas impuestas por el Estado. Demandamos la nulidad absoluta de todos los avales, concesiones, títulos supletorios y acuerdos de explotación de recursos naturales firmados por estas estructuras ilegítimas.
- Reconocimiento Único de Autoridades Legítimas: Que el Estado cese la persecución política y garantice el reconocimiento exclusivo de las autoridades territoriales electas mediante las normas de la cosmovisión y asambleas del pueblo Mayangna.
- Investigación y Sanción de la Cadena de Complicidad: Que se inicie una investigación independiente y penal sobre los funcionarios públicos, municipales y actores privados que promueven el tráfico de tierras, la falsificación de títulos y el blanqueo de ganado ilegal en Bosawás.
- Ejecución Inmediata del Saneamiento (Ley 445): Exigimos el diseño e implementación inmediata de un plan de saneamiento territorial que retire de forma efectiva a los colonos invasores de nuestras tierras tituladas.
- Medidas de Protección a Defensores del Territorio: Implementar de manera urgente medidas de seguridad física y jurídica para nuestros líderes, lideresas, jóvenes y guardabosques comunitarios ante las constantes amenazas de muerte y ataques armados.
Solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a la UNESCO, OEA que activen sus mecanismos de alerta y supervisión sobre Nicaragua, para evitar el exterminio físico y cultural definitivo de los pueblos originarios y afrodescendientes.
Dado en la ciudad de Managua, a los 11 días del mes de junio de 2026.
¡Por la Autonomía, la Vida y el Territorio de los Pueblo Originarios!
[1] #Bonanza El Gobierno… – Alcaldia de Bonanza, RACCN | Facebook (Sauni As)
[2] #RadioMayangna.Fortalecimiento de… – Radio Mayangna 87.9Fm | Facebook (Sauni Arungka)