La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 4 de febrero de 2026 la Resolución 9/2026, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de cuatro integrantes de la familia Bruno, defensores del territorio indígena mayangna en Nicaragua. Los beneficiarios, identificados como Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith, se encuentran actualmente privados de libertad en condiciones que la Comisión califica como de “gravedad y urgencia”.
Un contexto de persecución y desprotección
Los beneficiarios son miembros de la comunidad Musawas, desempeñándose como guardaparques voluntarios y defensores del territorio frente a la invasión de colonos. Según la solicitud presentada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, los cuatro defensores permanecen recluidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, de máxima seguridad, desde agosto de 2023.
A pesar de las reiteradas solicitudes de información enviadas por la CIDH al Estado de Nicaragua durante 2025, el gobierno no ha ofrecido respuesta alguna, dejando vencer los plazos otorgados. Esta falta de cooperación estatal refuerza la preocupación por la integridad física de los detenidos, quienes enfrentarían condiciones inadecuadas de detención y falta de acceso a atención médica básica.
Las demandas de la CIDH al Estado
Tras analizar el riesgo de daño irreparable, la Comisión exige al Estado de Nicaragua el cumplimiento inmediato de las siguientes acciones:
- Proteger la vida y salud: Adoptar medidas urgentes que garanticen la integridad personal de los beneficiarios, tomando en cuenta su condición especial como miembros de un pueblo indígena.
- Dignidad en reclusión: Asegurar que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales, garantizando que no sean objeto de amenazas, agresiones o represalias dentro del penal.
- Derechos culturales: Garantizar que no sufran represalias por expresarse en su idioma indígena entre ellos o durante las visitas familiares.
- Necesidades básicas: Proveer acceso inmediato a alimentación de calidad y agua potable de forma continua.
- Atención médica: Realizar una valoración médica integral inmediata y garantizar el tratamiento necesario para su salud física y mental.
Esta resolución se suma a las denuncias de organismos internacionales sobre la criminalización sistemática de las autoridades indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As, quienes han sido vinculados a procesos judiciales señalados de arbitrarios tras defender sus recursos naturales.
