Por AMDES
Este viernes 30 de enero de 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró la unidad policial número 348 en la comunidad de Musawas, municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Musawas no es una comunidad cualquiera: es la cabecera de los nueve territorios de la nación Mayangna, uno de los pueblos originarios de Nicaragua, históricamente afectado por el abandono estatal, la violencia y el despojo territorial.
El acto oficial contó con la presencia del comisionado general Aldo Sáenz, así como autoridades municipales y regionales afines al régimen, quienes presentaron la nueva estación policial como un “avance importante” para garantizar la paz, la tranquilidad y el acceso a servicios policiales para las familias Mayangna del territorio Sauni As.
Sin embargo, la instalación de una nueva unidad policial en territorio indígena despierta serias interrogantes. Para las comunidades Mayangna, la presencia del Estado ha estado marcada más por la militarización y el control que por la protección efectiva de sus derechos colectivos. A lo largo de los años, las denuncias por invasiones de colonos armados, tráfico ilegal de tierras, violencia y asesinatos de líderes indígenas han quedado impunes, muchas veces ante la inacción —o complicidad— de las mismas instituciones estatales.
Mientras el discurso oficial insiste en hablar de “buen gobierno”, seguridad y convivencia pacífica, las comunidades indígenas continúan exigiendo garantías reales para la protección de su territorio ancestral, el respeto a su autonomía y la aplicación efectiva de la justicia frente a quienes usurpan y destruyen sus tierras.
La seguridad verdadera no se construye con más estructuras policiales, sino con voluntad política para proteger a los pueblos originarios, investigar los crímenes cometidos en sus territorios y respetar su derecho a decidir sobre su propio futuro. Sin estos elementos, la nueva estación policial en Musawas corre el riesgo de convertirse en otro símbolo de control estatal antes que en una respuesta a las demandas históricas del pueblo Mayangna.
