Por: Brisa Bucardo/ Revista Indígena Prahaku.
– La situación de cuatro indígenas Mayangna volvió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia de supervisión de medidas provisionales sobre Nicaragua. Organizaciones denunciaron que continúan encarcelados pese a las disposiciones emitidas por el tribunal y alertaron sobre restricciones al uso de su lengua, afectaciones a sus prácticas religiosas y presuntas agresiones dentro del sistema penitenciario.
San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este 19 de agosto una audiencia pública de supervisión de medidas provisionales sobre Nicaragua, en la que volvió a ser examinada la situación de cuatro indígenas Mayangna privados de libertad desde 2021.
La audiencia abordó conjuntamente los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad respecto de Nicaragua. Durante la sesión, organizaciones de derechos humanos denunciaron ante el tribunal que 16 personas beneficiarias de medidas provisionales permanecen privadas de libertad por motivos políticos y que siete se encuentran en situación de desaparición forzada. El Estado de Nicaragua no compareció a la audiencia.
La situación de los cuatro Mayangna ocupó un espacio particular en las denuncias presentadas. Las organizaciones señalaron que a los indígenas se les prohíbe comunicarse en su propia lengua y que han sufrido humillaciones relacionadas con sus prácticas religiosas. También reportaron que habrían sido golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.
Durante la audiencia, la representación expuso de manera individual las condiciones que enfrentan los cuatro indígenas Mayangna beneficiarios de medidas provisionales. Sobre D.R.Z., informó que padece hipertensión arterial y “cataratas en estado avanzado, lo que podría ocasionar una pérdida permanente de su visión”. Según lo presentado ante la Corte, desde su reclusión en diciembre de 2021 las autoridades penitenciarias no le han permitido someterse a exámenes médicos ni recibir atención especializada. En el caso de D.A.B.A., se señaló que es quien recibe visitas con menor frecuencia debido a las limitaciones económicas de su familia y a los aproximadamente 500 kilómetros que esta debe recorrer desde la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte hasta el centro penitenciario La Modelo, en Managua. Ante esta situación, sus compañeros privados de libertad “comparten con él parte de sus alimentos, artículos de higiene y otros productos”.
La representación también se refirió a A.C.L., quien antes de su detención se desempeñaba como juez comunitario y maestro de la escuela de la comunidad indígena de Suniwas. Durante su encarcelamiento ha continuado voluntariamente su labor educativa alfabetizando a otras personas privadas de libertad y, según se denunció ante la Corte, “a manera de castigo, por órdenes de las autoridades penitenciarias, en distintas ocasiones se le ha obligado a permanecer encadenado de pies y manos” mientras desarrolla estas actividades. A.C.L. también padece cálculos en la vesícula que le provocan dolores severos y recurrentes sin recibir, según la exposición, atención médica adecuada. Su hermano, I.C.L., síndico de Suniwas, presenta un grave deterioro de salud: entre abril y mayo de 2026 se habría desmayado hasta en tres ocasiones debido a alteraciones de la presión arterial, en medio de altas temperaturas y ventilación insuficiente en su celda. Además, se reportaron anemia, inflamación abdominal y una pérdida aproximada de 30 libras de peso desde su detención. La representación informó además que atraviesa “un estado de profunda depresión y ha manifestado pensamientos suicidas” tras la muerte de su esposa y de su hijo durante el tiempo que lleva encarcelado, y denunció que no mantiene contacto regular con sus familiares ni tiene acceso a asistencia médica, psicológica o religiosa.
Estas denuncias adquieren una dimensión particular por tratarse de integrantes de un pueblo originario, debido a las implicaciones culturales, comunitarias y territoriales que supone su encarcelamiento prolongado.
Los cuatro indígenas Mayangna —identificados oficialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante las iniciales D.R.Z., D.A.B.A., A.C.L. e I.C.L.— fueron condenados por hechos relacionados con la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Reserva de Biosfera Bosawás, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
De acuerdo con documentación de la CIDH, entre los cuatro se encuentran personas que desempeñaban funciones comunitarias y de defensa territorial. I.C.L. fue identificado como síndico comunal y defensor de las tierras indígenas, mientras que A.C.L. había ejercido como maestro y juez comunal. La información presentada ante el organismo también señaló que ambos habían tenido un papel activo frente a la presencia de colonos en tierras comunales.
Un caso que la Corte IDH conoce desde 2023
La audiencia de agosto de 2026 no representa la primera intervención del Sistema Interamericano en la situación de los cuatro indígenas.
En abril de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor después de considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia. La información recibida por la Comisión advertía que permanecían encarcelados sin atención médica adecuada y oportuna, en condiciones insalubres y expuestos a amenazas de custodios y otras personas privadas de libertad.
Ante la persistencia del riesgo, la CIDH solicitó posteriormente a la Corte IDH la adopción de medidas provisionales. El 27 de junio de 2023, el tribunal ordenó al Estado de Nicaragua proceder de manera inmediata a la liberación de los cuatro indígenas y adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad.
Su caso también ha sido documentado por la CIDH dentro de un contexto más amplio de violencia y criminalización que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense.
Kiwakumbaih y la criminalización de indígenas Mayangna
La masacre de Kiwakumbaih ocurrió el 23 de agosto de 2021 en Mayangna Sauni As, un territorio que durante años ha enfrentado conflictos vinculados a la presencia de colonos armados y la ocupación ilegal de tierras indígenas.
En su informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, la CIDH abordó la posterior condena de los cuatro Mayangna dentro de un apartado referido a la instrumentalización del derecho penal.
El organismo documentó cuestionamientos sobre la investigación realizada después de la masacre y señaló que víctimas y testigos habrían identificado a colonos armados como responsables del ataque, mientras que posteriormente las autoridades nicaragüenses responsabilizaron a indígenas Mayangna.
La CIDH también recogió denuncias sobre vulneraciones al debido proceso durante las investigaciones y procedimientos judiciales, entre ellas la falta de intérpretes oficiales de lengua Mayangna.
El caso se inserta en una problemática territorial más amplia. Comunidades Mayangnas y Miskitus de la Costa Caribe han enfrentado durante años ataques armados, asesinatos, amenazas, desplazamientos y ocupación de sus tierras por personas ajenas a los territorios indígenas.
Para quienes ejercen funciones de vigilancia, liderazgo o defensa territorial, este contexto ha significado una exposición particular a diferentes formas de violencia y criminalización.
La dimensión indígena del encarcelamiento
La propia Corte IDH ha considerado que la privación de libertad puede tener consecuencias diferenciadas para las personas pertenecientes a pueblos indígenas.
Al analizar la situación de los cuatro Mayangna, el Sistema Interamericano ha tomado en consideración la relación particular de los pueblos indígenas con sus comunidades y territorios. La separación prolongada de una persona indígena de estos espacios puede generar afectaciones adicionales a las propias de cualquier privación de libertad.
En ese contexto, las denuncias presentadas durante la audiencia del 19 de agosto sobre restricciones para comunicarse en lengua Mayangna y humillaciones vinculadas con prácticas religiosas incorporan una dimensión cultural a las condiciones de encarcelamiento denunciadas.
Durante la audiencia, las organizaciones también alertaron sobre las condiciones generales en las que permanecen las personas beneficiarias de medidas provisionales en Nicaragua, entre ellas falta de ventilación, presencia de plagas, dificultades de acceso a agua potable y alimentación adecuada, falta de atención médica y restricciones al contacto con familiares y abogados.
Las organizaciones solicitaron a la Corte mantener las medidas provisionales, reiterar al Estado de Nicaragua la liberación de las personas beneficiarias y exigir pruebas de vida verificadas de manera independiente para quienes se encuentran en situación de desaparición forzada.
El Estado nicaragüense no estuvo presente para responder a los señalamientos formulados durante la audiencia.
La nueva supervisión de la Corte IDH coloca nuevamente bajo atención internacional el incumplimiento de las medidas dictadas para los cuatro indígenas Mayangna. A tres años de que el tribunal ordenara su liberación, continúan encarcelados y separados de sus comunidades y territorios, mientras persisten las denuncias de violencia, invasión territorial y criminalización que afectan a los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense.