El Gobierno de Estados Unidos volvió a alzar la voz ante la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata e incondicional de los cuatro líderes indígenas mayangnas que permanecen encarcelados en Nicaragua desde 2021. A través de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington denunció que existen reportes de hambre, condiciones que amenazan la vida y falta de atención médica en prisión, situación que calificó como grave y alarmante.
Los líderes indígenas señalados son Ignacio Celso Lino, síndico de la comunidad de Suniwas; Argüello Celso Lino, juez comunal y maestro; y los guardabosques Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías. Todos son reconocidos en la Costa Caribe como defensores de sus territorios ancestrales y del medio ambiente.
Según el pronunciamiento estadounidense, los cuatro permanecen “injustamente detenidos” tras haber denunciado actos de corrupción vinculados a la venta y arrendamiento ilegal de tierras dentro de territorios indígenas. Estas denuncias se relacionan con la creciente ocupación de colonos en zonas protegidas y con el debilitamiento de los mecanismos de protección territorial establecidos por la ley.
Los guardabosques fueron condenados a cadena perpetua en febrero de 2022, acusados por el régimen de participar en la masacre de Kiwakumbai, ocurrida el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que no existe evidencia que los vincule con los hechos y que el ataque armado fue perpetrado por colonos que operan en la zona en el marco de disputas por la tierra. La masacre dejó víctimas mortales, personas heridas y desplazamientos forzados en comunidades indígenas.
El caso ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha alertado sobre las condiciones carcelarias a las que están sometidos. De acuerdo con la información recopilada, los guardabosques reciben raciones insuficientes de comida —una al día, según denuncias—, enfrentan acceso limitado a agua potable, permanecen en celdas con presencia constante de zancudos y carecen de atención médica oportuna. Estas condiciones han sido descritas como degradantes y potencialmente mortales.
Asimismo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha señalado irregularidades graves en el proceso de detención. Entre ellas, la ausencia de orden judicial al momento de las capturas, la falta de información clara sobre los cargos y violaciones al debido proceso. Estas observaciones refuerzan la preocupación internacional en torno a la legalidad de las condenas impuestas.
El reciente pronunciamiento del Departamento de Estado retoma estos hallazgos y los enmarca como parte de una emergencia humanitaria. Washington subrayó que las condiciones denunciadas “amenazan la vida” de los detenidos y reiteró que su encarcelamiento responde a represalias por su labor como defensores territoriales.
Para el pueblo mayangna, este caso trasciende lo individual. Representa una señal preocupante sobre la criminalización de líderes comunitarios que denuncian la invasión y explotación ilegal de sus tierras ancestrales. En un contexto de creciente violencia en la Costa Caribe, la protección de los defensores ambientales y territoriales se vuelve un asunto urgente y prioritario.
Diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han insistido en que la defensa del territorio indígena no puede ser tratada como delito. La garantía de los derechos colectivos, el respeto al debido proceso y la protección de la vida deben prevalecer sobre cualquier intento de silenciar voces críticas.
La Asociación Mayangna reitera su llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los Estados democráticos a mantener la vigilancia activa sobre este caso y a exigir el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
La liberación de Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías no solo representa un acto de justicia individual, sino también un paso esencial para la protección del pueblo mayangna y la defensa de sus territorios ancestrales.